El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentra en una situación crítica. El Gobierno ha implementado un plan de ajuste que implica la reducción del personal en aproximadamente 1.000 trabajadores, lo que representa un 20% de su estructura total.
¿Qué significa esto para el sector agrícola? La calidad del capital humano se perderá, y muchos investigadores senior y especialistas en áreas estratégicas dejarán sus puestos. Además, la reducción de personal afectará la capacidad de respuesta ante emergencias agroclimáticas o problemas sanitarios.
No solo eso: la desarticulación territorial también será un problema, ya que dependencias locales y especialistas se abandonarán.
¿Pero ¿qué le costará al país este ajuste? La pregunta es justa. ¿Será que el ahorro a corto plazo en salarios valga la pérdida de capital humano y experiencia?
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